Pacto de Estado por la Infancia

Hacia un Pacto de Estado por la Infancia

Antecedentes y perspectiva histórica

Para UNICEF Comité Español el llamado Pacto de Toledo62 de 1995 es un importante referente de un compromiso político al máximo nivel para proteger de forma colectiva a un grupo social (en aquél momento los mayores) cuya atención se considera prioritaria por encima de las ideologías e incluso del contexto económico, y cuyo bienestar se asume como tarea conjunta de toda la sociedad.

Contexto institucional

• La Constitución Española en su artículo 39.1 afirma que: “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia”. En su apartado 4 sostiene que: “Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.” Por lo que da cabida en el ordenamiento constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño y a las obligaciones del Estado respecto a esos derechos.

• El objetivo 5 de pobreza e inclusión Social del Programa Nacional de Reformas (PNR) de 2011 asume como compromiso y obligación: “España adopta como objetivo reducir entre 1.400.000 y 1.500.000 (en el período 2009-2019) el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social” […] “La reducción de la pobreza infantil se realizará en proporción similar a la reducción de la pobreza en general.” En el mismo documento se establece una meta para la reducción del abandono escolar temprano: 15 % en 2020.

• Las Recomendaciones del Consejo de la Unión Europea a España sobre el desarrollo del PNR llevan varios años insistiendo en el problema de la pobreza infantil. En la de 2014 el Consejo recomienda: “Mejorar la orientación de los programas de apoyo a las familias y los servicios de calidad dando prioridad a los hogares de rentas bajas con hijos, para garantizar la eficacia y la progresividad de las transferencias sociales.”

• La Recomendación de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013 “Invertir en Infancia romper el círculo de las desventajas”, que supone una útil guía para las políticas destinadas a mejorar la situación de la infancia.

• El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 y otros planes sociales y educativos reconocen el problema que suponen la pobreza infantil y el abandono escolar en España.

Elementos del pacto

A nuestro entender el Pacto de Estado debería girar en torno a dos tipos de elementos, unos generales que tienen que ver con avances globlales necesarios en la aplicación de los derechos del niño como: adecuación y actualización del marco legal de los derechos de los niños y niñas, la necesidad de visibilizar y dar peso a la infancia en las decisiones políticas, en los presupuestos, en los datos estadísticos, etc. Los elementos concretos tienen que ver con dos componentes que son de especial preocupación tanto por su repercusión en el bienestar y en los derechos de los niños actuales, como por el impacto futuro que tendrán en el desarrollo económico y social: la pobreza y la educación.

Elementos generales

• Marco legislativo: Actualizar de forma consensuada de la Ley de Protección Jurídica del Menor. Desarrollar una ley de violencia contra la infancia y establecer una memoria previa de impacto en la infancia de la legislación y de las decisiones políticas y administrativas.

• Participación infantil: Dar mayor visibilidad a los niños y sus opiniones en la agenda y las decisiones políticas, y en la recogida de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Potenciar la participación infantil en el ámbito de las decisiones políticas, especialmente en el ámbito local promoviendo órganos permanentes de participación infantil que garanticen la participación de los niños y niñas más desfavorecidos. Otorgar el derecho al voto a los mayores de 16 años en las elecciones municipales.

• Seguimiento de la inversión en infancia: Identificación y seguimiento en presupuestos estatales y autonómicos de las partidas destinadas a la infancia y su evolución.

• Coordinación y evaluación: Mejorar la coordinación de políticas y servicios entre las distintas administraciones y departamentos, estableciendo estándares de calidad mínimos y comunes para la protección y el apoyo a los niños. Evaluar sistemáticamente los impactos de las políticas adoptadas

en el bienestar de la infancia.


Elementos específicos: pobreza infantil y educación

Lucha contra la pobreza y por la inclusión social de la infancia:

• Asumir las metas del Programa Nacional de Reformas de la UE extrapoladas a la infancia: en torno a 255.000 niños menos en riesgo de pobreza y exclusión en 2019 respecto a 2009.

• Fomentar el empleo como elemento clave de reducción de la pobreza, pero un empleo respetuoso con las necesidades de los niños, con la conciliación familiar y laboral y con la equidad de género.

• Aproximar el gasto social en familias e infancia a la media Europea en porcentaje del Producto Interior Bruto y gasto por habitante.

• Establecer una ayuda universal por hijo a cargo de 1.200€ anuales por cada menor de 18 años. En el proceso hacia la implementación de una ayuda universal, y como medida de emergencia: incrementar la ayuda por hijo a cargo de la Seguridad Social (en la actualidad 291€ anuales para

familias con bajos ingresos) hasta los 1.200€ anuales.

• Revisar y mejorar otras ayudas y servicios públicos que garanticen la cobertura de necesidades básicas de niños y niñas (alimentación, salud, educación, vivienda y protección) con un especial foco en los grupos más vulnerables de la infancia y según la propuesta realizada por varias organizaciones

Sociales.

• Apostar por unos servicios sociales incluyentes, accesibles y próximos a las familias y los niños.

• Promover la participación infantil y familiar en el desarrollo de las medidas anteriores.

Apuesta por la Educación de calidad e inclusiva:

• Cumplir la meta del Programa Nacional de Reformas de abandono escolar temprano de un 15% en 2020, y un 23% en 2015 (situación actual 23,5%). • Otras metas: reducción del fracaso escolar al 15% (alumnos que acaban la enseñanza obligatoria sin obtener el título de ESO), actualmente

23,1%.

• Facilitar y promover activamente el acceso a la enseñanza 0-3 años, especialmente en los casos de niños y niñas en desventaja por su situación social, económica, familiar o de discapacidad.

• Establecer un pacto por la renovación del sistema educativo con un horizonte de estabilidad en las normativas y en el modelo.

• Garantizar la estabilidad de los recursos económicos en el sistema educativo, manteniendo (al menos) tanto el porcentaje sobre el PIB como el gasto por alumno.

• Reforzar el enfoque inclusivo del sistema: garantizar el apoyo escolar los alumnos en desventaja, las becas a los alumnos que las necesiten, y avanzar en la gratuidad real de la educación obligatoria.

• Promover la participación infantil y familiar, y de la comunidad educativa en su conjunto, en el sistema educativo y en el desarrollo de las medidas anteriores.

Indicadores, seguimiento y gobernanza del pacto

Establecer metas, indicadores de seguimiento y una evaluación pública periódica de los objetivos del Pacto, con la participación de los partidos políticos, de los agentes sociales y de los propios niños (en la forma en que sea oportuna y adecuada).